Confirmamos el fallecimiento de una persona presa de más de 80 años
En Pamplona, a 16 de marzo de 2026.
Confirmamos el fallecimiento, hace poco más de una semana, de una persona de más de 80 años que permanecía presa en la cárcel de Pamplona tras ser trasladada al Hospital Universitario de Navarra.
Desde nuestra asociación, en primer lugar, quisiéramos trasladar nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a sus familiares y personas allegadas.
En segundo lugar, como ya dijimos en el anterior comunicado, denunciamos que una persona de tan avanzada edad continuara en prisión, ignorando las evidentes limitaciones y problemas de salud inherentes a su situación. Esta muerte es una consecuencia directa de su prisionización y vuelve a poner de manifiesto las graves contradicciones del sistema penitenciario, así como la falta de aplicación de medidas alternativas previstas en la legislación para personas mayores o con problemas de salud.
Asimismo, denunciamos la falta de transparencia institucional que rodea este tipo de situaciones. Resulta inaceptable que hechos tan graves como la muerte de una persona presa se conozcan de manera tardía e indirecta. Esta opacidad no es un hecho aislado ni fortuito, sino una condición esencial que permite y sostiene su funcionamiento. Esto plantea la necesidad de articular formas de organización que permitan monitorear lo que sucede intramuros y generar una fuerza de oposición anticarcelaria.
Por ello, cuando exigimos transparencia no nos referimos únicamente al cumplimiento de mínimos formales por parte de la administración penitenciaria. Exigir transparencia significa también reclamar el derecho de la sociedad a conocer y cuestionar lo que sucede dentro de las prisiones. Implica abrir un debate público sobre las condiciones de vida dentro de prisión y asumir colectivamente la responsabilidad política de lo que ocurre en ellas.
Desde la apertura de la macrocárcel de Pamplona ya han fallecido más de una decena de personas en su interior. Cada una de estas muertes interpela al conjunto de la sociedad y obliga a preguntarnos qué modelo penal y penitenciario estamos legitimando.
