Desde Salhaketa Nafarroa, nos vemos en la obligación de denunciar una de las mayores vergüenzas del Estado español: el régimen de aislamiento en las prisiones. Este sistema, aplicado durante años, afecta profundamente a las personas presas, vulnerando sus derechos fundamentales y careciendo de soporte legal adecuado. El artículo 10 de la Ley Orgánica Penitenciaria no contempla las medidas concretas de aislamiento, que son impuestas por la administración penitenciaria mediante instrucciones internas sin control judicial efectivo.

El aislamiento se destina a personas presas clasificadas en el régimen más duro, el primer grado, y dentro de este, a quienes se etiqueta como «peligrosas e inadaptadas» al régimen ordinario. Estas personas viven separadas del resto, confinadas en celdas individuales la mayor parte del día, con escasas horas de patio bajo estricta vigilancia. Las condiciones de las celdas son deplorables, a menudo sin luz natural, y las presas tienen muy pocos objetos personales. Las medidas coercitivas, como cacheos integrales y esposas, son comunes y se usan con frecuencia para castigar cualquier acto de rebeldía.

Este régimen de aislamiento puede prolongarse indefinidamente bajo criterios administrativos, lo que causa una gran inseguridad jurídica y demuestra el fracaso del sistema penitenciario en su misión de resocialización. Además, los traslados a prisiones lejanas, a menudo utilizados como castigo, generan un desarraigo familiar que agrava aún más la situación de las reclusas. La desesperación causada por estas condiciones ha llevado a numerosos casos de autolesiones y suicidios.

A pesar de las sentencias del Tribunal Supremo y las críticas de organismos internacionales, la administración penitenciaria sigue aplicando estas prácticas inhumanas. Desde Salhaketa Nafarroa, hemos lanzado campañas para abolir este régimen de aislamiento y promover una reforma legislativa que prohíba su uso prolongado, garantizando así la protección de los derechos humanos y fomentando la reinserción social de las personas presas. Exigimos al Estado que deje de utilizar estas tácticas abusivas y cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.