La prisión suele describirse como un dispositivo que afecta exclusivamente a la persona encarcelada. Sin embargo, esa lectura es incompleta. El impacto del encarcelamiento se extiende mucho más allá de los muros: atraviesa a familias, amistades y redes afectivas que quedan atrapadas en una situación de incertidumbre prolongada, con consecuencias emocionales, económicas y sociales muy concretas.

Cuando una persona entra en prisión, su entorno cercano no recibe un “manual de instrucciones”. Lo habitual es lo contrario: desinformación, procedimientos opacos, lenguaje administrativo difícil de entender y una sensación constante de estar fuera de lugar en un sistema que, sin embargo, condiciona la vida cotidiana de quienes quedan fuera. Las visitas, las llamadas, los traslados o incluso la simple gestión de trámites básicos se convierten en procesos complejos que requieren tiempo, recursos y, sobre todo, resistencia emocional.

A esto se suma una dimensión menos visible pero igualmente relevante: el aislamiento. Muchas familias viven la experiencia del encarcelamiento en silencio, sin espacios donde compartir lo que están atravesando. El estigma asociado a la prisión no solo recae sobre la persona presa, sino también sobre su entorno, que en muchos casos opta por callar o retraerse socialmente. Ese aislamiento agrava el impacto del sistema penitenciario y dificulta cualquier forma de apoyo sostenido.

En este contexto, los espacios colectivos de encuentro entre familias y personas allegadas cumplen una función que no es secundaria, sino estructural. No son simplemente “grupos de apoyo” en sentido abstracto, sino mecanismos concretos de reparación social parcial: permiten compartir información práctica, poner en común experiencias, reducir la sensación de culpa o confusión, y construir redes de ayuda mutua. También cumplen una función política en un sentido amplio: hacen visible una realidad que suele quedar relegada a lo privado.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo visitó la cárcel de Pamplona en junio de 2025 y, en su informe anual, señala que persisten deficiencias estructurales y organizativas que impiden alcanzar un estándar asistencial equiparable al extrapenitenciario

Hace años que desde Salhaketa Nafarroa venimos denunciando que la atención sanitaria en prisión está atravesada por las mismas lógicas de abandono, control y castigo que caracterizan al conjunto del sistema penitenciario. La reciente publicación del informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura¹, tras su visita al Centro Penitenciario de Pamplona en junio de 2025², no hace sino confirmar, con datos y evidencias, una realidad que llevamos tiempo señalando: la salud en prisión sigue sin ser un derecho garantizado.

En 2021, Navarra asumió la competencia de la sanidad penitenciaria tras años de reivindicación por parte de colectivos como el nuestro. Esta transferencia se presentó como una oportunidad para mejorar la atención sanitaria de las personas presas, integrándola en el sistema público de salud de la Comunidad Foral. Sin embargo, cinco años después, el Mecanismo señala que, pese a algunos avances, “persisten deficiencias estructurales y organizativas que impiden alcanzar un estándar asistencial plenamente equiparable al extrapenitenciario”. Es decir, el derecho a la salud no se encuentra garantizado dentro de prisión.

Es cierto que se han producido algunas mejoras. La cobertura de plazas médicas ha dejado atrás déficits crónicos, se ha incorporado un equipo estructurado de salud mental y el uso del programa informático de Osasunbidea permite una mejor coordinación con el sistema sanitario público, facilitando la continuidad asistencial, el acceso a historias clínicas y la gestión de tratamientos. Estos avances, sin embargo, no pueden ocultar una realidad muy preocupante.

El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura señala carencias graves que afectan directamente a los derechos fundamentales de las personas presas. En primer lugar, el Mecanismo denuncia las dificultades que tuvo para el acceso a información en su visita a la cárcel de Pamplona. Por primera vez, este organismo independiente de prevención de la tortura encontró obstáculos para acceder a las historias clínicas, lo que evidencia una preocupante falta de conocimiento de los deberes legales de colaboración con los organismos que velan por la prevención de la tortura en las cárceles. En el informe se señala que llama la atención “el contraste entre el excesivo celo mostrado para limitar el acceso del MNP a las historias clínicas (…) y la ligereza con la que esa misma confidencialidad se vulnera en la práctica asistencial cotidiana”. Y añade: “Resulta significativo que se permita la presencia de personal de vigilancia durante las entrevistas médicas (…) o que se utilicen otros internos como intérpretes”. Esta situación no solo vulnera la confidencialidad médica, sino que revela una aplicación arbitraria de los derechos, restrictiva frente a los mecanismos de control y laxa en el funcionamiento interno de la prisión.

Uno de los aspectos más preocupantes es el limitado acceso a la atención médica. El informe apunta a un volumen de consultas anormalmente bajo y recoge una percepción generalizada entre las personas presas de dificultades para ser atendidas: “los internos se quejan de que a pesar de estar apuntados a consulta el médico no les atiende”. Este dato, lejos de ser anecdótico, apunta a una posible desatención estructural incompatible con cualquier estándar digno de atención sanitaria. Y a ello se suma la insuficiente dotación de personal en el área de psicología, que limita gravemente cualquier intervención terapéutica posible.

A ello se suma la falta de formación específica del personal sanitario en el ámbito penitenciario, lo que dificulta comprender su papel no solo como proveedores de atención sanitaria, sino como garantes de derechos. Esta carencia no es menor, ya que en prisión la práctica médica se relaciona de manera directa con los mecanismos disciplinarios y punitivos que atraviesan la institución.

En este sentido, resulta inadmisible que, como se relata en el informe, la elaboración de partes de lesiones presente deficiencias tanto formales como de contenido, sin descripciones rigurosas ni documentación gráfica que permita verificar los hechos, incumpliendo estándares internacionales como el Protocolo de Estambul.

La situación se agrava especialmente en contextos de aislamiento. Los reconocimientos médicos obligatorios a personas sometidas a este régimen no están protocolizados y, según el informe, en ocasiones se reducen a una simple pregunta —ni siquiera formulada por personal sanitario— sobre si la persona desea atención médica. El informe es tajante: “Este planteamiento revela un enfoque reactivo y no proactivo (…) que puede derivar en desprotección sanitaria”. En un entorno donde las personas pueden encontrarse en situaciones de extrema vulnerabilidad, trasladarles la responsabilidad de solicitar atención supone, en la práctica, negarles ese derecho.

Asimismo, el informe evidencia graves deficiencias en la aplicación del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM). En situaciones críticas, como contenciones mecánicas, no se realizan valoraciones médicas inmediatas ni se revisan los planes terapéuticos. El Mecanismo advierte con contundencia: “La falta de valoración médica inmediata y la ausencia de partes de lesiones (…) comprometen de forma directa el respeto de las garantías básicas de derechos humanos y constituyen un riesgo de trato negligente o incluso inhumano o degradante”.

Especial mención merece el uso de sujeciones mecánicas, denominadas eufemísticamente “correas homologadas”, aplicadas sin adecuada supervisión clínica. Se trata de colocar a una persona en una superficie, atarla de pies y manos y mantenerla inmovilizada. Esta práctica resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que la Orden Foral 347/2022, de 28 de diciembre, ordena que todos los centros en Navarra elaboren planes para su supresión. Resulta, por tanto, incomprensible e inaceptable que se sigan utilizando en el ámbito penitenciario.

El conjunto de estas deficiencias no es menor. El Mecanismo ha formulado un total de 35 sugerencias dirigidas a Instituciones Penitenciarias y a Osasunbidea, de las cuales 18 siguen sin respuesta. Esta falta de respuesta institucional no hace sino reforzar la sensación de abandono y desinterés hacia la situación de las personas presas. En este contexto, Salhaketa Nafarroa nos hemos sumado a la Campaña contra la desatención sanitaria en las cárceles, una iniciativa estatal que, desde finales de 2025, articula la denuncia colectiva frente a esta vulneración de derechos en las prisiones de todo el Estado.

Este problema se extiende por todo el sistema penitenciario, así a finales de 2025 se puso en marcha una campaña contra la desatención médica en las cárceles fruto de la confluencia de diversos grupos, personas y colectivos, Entre otras cosas y junto con todas ellas denunciamos la ausencia o en el mejor de los casos escasez de profesionales cualificadxs, asistencia parcial, deficiente, tardía o inexistente, trabas continuas y/o deficientes, altísimos porcentajes de presxs con enfermedades graves y crónicas. La situación no está lejos de ser calificada de auténtica crisis sanitaria y humanitaria, por lo que entre los días 20 y 30 de este mayo, la campaña volverá a realizar acciones para llamar la atención y denunciar este abuso institucional contra una población cautiva que no sólo pierde su vida tras los barrotes, sino que pone en riesgo su salud. Es el Gobierno de Navarra el que debe tomar acciones inmediatas.

Desde Salhaketa Nafarroa denunciamos que la atención sanitaria en la cárcel navarra sigue estando muy lejos de garantizar derechos básicos. La transferencia de competencias no puede quedarse en un cambio formal, sino que debe ir acompañada de una transformación real en las prácticas, prioridades y mecanismos de control.

Por ello, exigimos la adopción urgente de todas las recomendaciones del Mecanismo de prevención de la tortura, garantizando una atención sanitaria digna, independiente y centrada en la persona. Asimismo, exigimos también la eliminación de prácticas vulneradoras de derechos como las contenciones mecánicas, extendiendo al ámbito penitenciario las mismas garantías existentes fuera de él.

Porque la salud no puede depender del lugar en el que una persona se encuentre. Y porque la cárcel, una vez más, demuestra ser un espacio donde los derechos se suspenden, se relativizan o, directamente, se vulneran.

———————-

Osasun eskubidearen urraketa Iruñeko espetxean

Herritarren Defendatzailearen Torturaren Prebentziorako Mekanismo Nazionalak 2025eko ekainean Iruñeko espetxea bisitatu zuen, eta bere urteko txostenean adierazi du oraindik ere badaudela egiturazko eta antolaketa-arazoak, espetxetik kanpoko osasun-arretaren pareko estandar bat lortzea eragozten dutenak.

Aspalditik ari gara Salhaketa Nafarroatik salatzen espetxeetako osasun-arreta abandonu, kontrol eta zigor logika berberek zeharkatzen dutela, sistema penitentzario osoa bezala. Torturaren Prebentziorako Mekanismo Nazionalaren txostena¹ berriki argitaratzeak —2025eko ekainean Iruñeko espetxera egindako bisitaren² ondoren— datu eta ebidentziekin berresten du denbora daramagun errealitate bat: espetxean osasuna ez da bermatutako eskubidea.

2021ean, Nafarroak espetxe-osasunaren eskumena bere gain hartu zuen, gurea bezalako kolektiboek urte luzez egindako aldarrikapenen ondoren. Eskualdaketa hori aukera gisa aurkeztu zen, espetxean dauden pertsonen osasun-arreta hobetzeko eta Nafarroako osasun publikoan integratzeko. Hala ere, bost urte geroago, Mekanismoak adierazi du, aurrerapen batzuk egon badira ere, “egiturazko eta antolaketa-defizitak mantentzen direla, espetxetik kanpoko estandar asistenzialarekin guztiz parekagarria den maila lortzea eragozten dutenak”. Hau da, osasun eskubidea ez dago bermatuta espetxe barruan.

Egia da hobekuntza batzuk egon direla. Mediku-plazen estaldurak atzean utzi ditu gabezia kronikoak, osasun mentaleko talde egituratu bat sortu da, eta Osasunbideako programa informatikoa erabiltzeak koordinazioa hobetu du osasun sistema publikoarekin, jarraipen asistentzialean, historia klinikoetara sarbidean eta tratamenduen kudeaketan aurrerapausoak emanez. Hala ere, aurrerapen horiek ezin dute ezkutatu oso kezkagarria den errealitatea.

Torturaren Prebentziorako Mekanismo Nazionalaren txostenak gabezia larriak jasotzen ditu, zuzenean eragiten dietenak presoen oinarrizko eskubideei. Lehenik eta behin, Mekanismoak salatzen du informaziorako sarbidean izan zituen zailtasunak Iruñeko espetxera egindako bisitan. Lehen aldiz, torturaren prebentziorako organismo independente honek oztopoak aurkitu zituen historia klinikoetara sartzeko, eta horrek agerian uzten du kezkagarria den ezjakintasuna dagoela torturaren prebentzioa zaintzen duten erakundeekin lankidetzan aritzeko legezko betebeharrei buruz. Txostenak honela dio: “deigarria da MNPri historia klinikoetara sarbidea mugatzeko erakutsitako gehiegizko zeloaren eta eguneroko jardun asistentzialean konfidentzialtasun hori nola arinki urratzen den arteko kontrastea”. Eta gaineratzen du: “adierazgarria da zaintza-langileen presentzia onartzea elkarrizketa medikoetan (…) edo beste preso batzuk erabiltzea interprete gisa”.

Egoera honek ez du soilik konfidentzialtasun medikoa urratzen, baizik eta eskubideen aplikazio arbitrarioa erakusten du: kontrol-mekanismoekiko murriztailea eta espetxeko eguneroko funtzionamenduan laxa.

Kezkagarrienetako bat da osasun-arretarako sarbide mugatua. Txostenak kontsulta kopuru anormalki baxua aipatzen du, eta presoen artean zabaldua dagoen pertzepzioa jasotzen du: zailtasunak dituzte medikuak artatzeko. “Presoek kexu dira, kontsultarako apuntatuta egon arren, medikuak ez dituela artatzen”. Datu hori ez da anekdotikoa, baizik eta egiturazko desatentzio baten zantzua da, edozein osasun-arreta duinaren estandarrekin bateraezina. Horri gehitu behar zaio psikologia arloko langile eskasia, edozein esku-hartze terapeutiko ia ezinezkoa bihurtzen duena.

Gainera, osasun-langileek ez dute prestakuntza espezifikorik espetxe-ingurunean, eta horrek zaildu egiten du haien rola ulertzea: ez soilik osasun-arreta ematea, baizik eta eskubideen bermatzaile izatea. Gabezia hori ez da txikia, espetxean jardun medikoa zuzenean lotuta baitago instituzioa zeharkatzen duten mekanismo diziplinario eta punitiboekin.

Ildo horretan, onartezina da, txostenak jasotzen duen bezala, lesioen parteak egiteko moduak akats formal eta edukizkoak izatea, deskribapen zorrotzik eta dokumentazio grafikorik gabe, nazioarteko estandarrak —Istanbulgo Protokoloa kasu— urratuz.

Egoera are larriagoa da isolamendu testuinguruetan. Erregimen horretan dauden pertsonei egin beharreko azterketa medikoak ez daude protokolizatuta, eta, txostenaren arabera, batzuetan galdera soil batera mugatzen dira —eta ez beti osasun-langileek egina—: ea pertsonak arreta medikoa nahi duen. Txostena argia da: “ikuspegi honek erreaktiboa dela erakusten du, ez proaktiboa (…) eta horrek babesgabezia sanitarioa eragin dezake”. Ingurune horretan, non pertsonak egoera oso zaurgarrietan egon daitezkeen, arreta eskatzeko ardura haien gain uztea, praktikan, eskubide hori ukatzea da.

Halaber, txostenak gabezia larriak erakusten ditu gaixotasun mentalak dituzten pertsonentzako arreta programaren aplikazioan. Egoera kritikoetan, hala nola kontentzio mekanikoetan, ez dira berehalako balorazio medikoak egiten, ezta plan terapeutikoak berrikusten ere. Mekanismoak ohartarazten du: “berehalako balorazio medikorik ezak eta lesioen parteen faltak (…) zuzenean arriskuan jartzen dituzte oinarrizko giza eskubideak, eta tratu arduragabea edo are tratu anker edo iraingarria eragin dezakete”.

Aipamen berezia merezi du sujekzio mekanikoen erabilerak, “uhal homologatuak” izenarekin ezkutatuta, behar bezalako gainbegiratze klinikorik gabe aplikatzen direnak. Praktika honek pertsona bat gainazal batean etzanda, eskuak eta oinak lotuta eta immobilizatuta mantentzea dakar. Are larriagoa da kontuan hartuta 2022ko abenduaren 28ko 347/2022 Foru Aginduak Nafarroako zentro guztiei agintzen diela horiek desagerrarazteko planak egitea. Horregatik, ulertezina eta onartezina da oraindik espetxe-esparruan erabiltzen jarraitzea.

Gabezia horien multzoa ez da txikia. Mekanismoak 35 gomendio egin dizkie Espetxe Erakundeei eta Osasunbideari, eta horietatik 18k oraindik ez dute erantzunik jaso. Erantzun faltak areagotu egiten du presoen egoerarekiko utzikeria eta interes faltaren sentsazioa. Testuinguru honetan, Salhaketa Nafarroak bat egin du espetxeetako osasun-arretaren desatentzioaren aurkako kanpainarekin, 2025aren amaieratik estatu mailan salaketa kolektiboa artikulatzen duen ekimenarekin.

Arazo hau espetxe-sistema osoan hedatzen da. Horrela, 2025aren amaieran, espetxeetan mediku-arretarik ezaren aurkako kanpaina jarri zen abian, hainbat talde, pertsona eta kolektiboren elkarlanaren ondorioz. Besteak beste, eta guztiekin batera, salatzen dugu profesional kualifikatuen gabezia edo, onenean, urritasuna; arreta partziala, eskasa, berantiarra edo batzuetan existitzen ez dena; etengabeko eta/edo eraginkortasunik gabeko oztopoak; eta gaixotasun larri eta kronikoak dituzten presoen ehuneko oso altuak.

Egoera hau ez dago krisi sanitario eta humanitario gisa kalifikatua izatetik urrun. Horregatik, maiatzaren 20tik 30era bitartean, kanpainak berriro ekingo die ekintzei, egoera honi arreta deitzeko eta kartzeletako biztanleria gatibuaren aurkako tratu instituzional honen salaketa egiteko; izan ere, pertsona hauek ez dute soilik beren bizitza galtzen barroteen atzean, baizik eta beren osasuna ere arriskuan jartzen dute. Nafarroako Gobernuak berehalako neurriak hartu behar ditu.

Nafarroako Salhaketatik salatzen dugu Nafarroako espetxeko osasun-arreta oraindik oso urrun dagoela oinarrizko eskubideak bermatzetik. Eskumenen eskualdaketa ezin da aldaketa formal hutsean geratu; benetako eraldaketa behar da praktika, lehentasun eta kontrol-mekanismoetan.

Horregatik, premiaz eskatzen dugu Torturaren Prebentziorako Mekanismoaren gomendio guztiak aplikatzea, arreta sanitario duina, independentea eta pertsonan oinarritua bermatuz. Halaber, eskubideak urratzen dituzten praktikak, hala nola kontentzio mekanikoak, ezabatzea eskatzen dugu, espetxean ere kanpoan dauden berme berak aplikatuz.

Osasuna ezin delako egon pertsona bat non dagoenaren menpe. Eta kartzelak, beste behin ere, erakusten duelako eskubideak eten, erlatibizatu edo zuzenean urratzen diren espazio bat dela.

En Pamplona, a 16 de marzo de 2026.

Confirmamos el fallecimiento, hace poco más de una semana, de una persona de más de 80 años que permanecía presa en la cárcel de Pamplona tras ser trasladada al Hospital Universitario de Navarra.

Desde nuestra asociación, en primer lugar, quisiéramos trasladar nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a sus familiares y personas allegadas.

En segundo lugar, como ya dijimos en el anterior comunicado, denunciamos que una persona de tan avanzada edad continuara en prisión, ignorando las evidentes limitaciones y problemas de salud inherentes a su situación. Esta muerte es una consecuencia directa de su prisionización y vuelve a poner de manifiesto las graves contradicciones del sistema penitenciario, así como la falta de aplicación de medidas alternativas previstas en la legislación para personas mayores o con problemas de salud.

Asimismo, denunciamos la falta de transparencia institucional que rodea este tipo de situaciones. Resulta inaceptable que hechos tan graves como la muerte de una persona presa se conozcan de manera tardía e indirecta. Esta opacidad no es un hecho aislado ni fortuito, sino una condición esencial que permite y sostiene su funcionamiento. Esto plantea la necesidad de articular formas de organización que permitan monitorear lo que sucede intramuros y generar una fuerza de oposición anticarcelaria.

Por ello, cuando exigimos transparencia no nos referimos únicamente al cumplimiento de mínimos formales por parte de la administración penitenciaria. Exigir transparencia significa también reclamar el derecho de la sociedad a conocer y cuestionar lo que sucede dentro de las prisiones. Implica abrir un debate público sobre las condiciones de vida dentro de prisión y asumir colectivamente la responsabilidad política de lo que ocurre en ellas.

Desde la apertura de la macrocárcel de Pamplona ya han fallecido más de una decena de personas en su interior. Cada una de estas muertes interpela al conjunto de la sociedad y obliga a preguntarnos qué modelo penal y penitenciario estamos legitimando.

Desde Salhaketa Nafarroa hemos recibido información sobre el posible fallecimiento de una persona presa en el Centro Penitenciario de Pamplona. Según la información de la que disponemos hasta el momento, se trataría de una persona de más de 80 años que, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en prisión, fue reanimada y posteriormente trasladada al Hospital Universitario de Navarra, donde, presuntamente, habría fallecido.

A la espera de información oficial que permita esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, queremos manifestar nuestra rabia ante la enésima constatación del desdén institucional carcelario al depositar sobre nuestros hombros la responsabilidad de conocer y dar a conocer este tipo de sucesos graves. No es la primera vez que nos vemos obligadas a ejercer como canal de denuncia ante la ausencia, consciente, de cauces institucionales para informar sobre los fallecimientos que ocurren en su interior. Y esto no se trata de ningún tipo de perversión o anomalía, sino de algo que forma parte de la propia razón ontológica de la cárcel.

Bajo la lógica punitiva se prioriza un escenario en el que el fallecimiento es, como mínimo, una posibilidad real, frente a la opción de que una persona —sea de edad avanzada o no— cumpla medidas alternativas no privativas de libertad. Esto, se mire por donde se mire, constituye una forma velada de cadena perpetua: no podemos obviar que la cárcel deteriora gravemente la salud física y mental de las personas hasta límites que, en algunos casos, se hacen insoportables. Es decir, la cárcel mata de forma agónica, lenta y silenciosa.

Desde Salhaketa Nafarroa seguiremos presionando y poniendo en evidencia a las instituciones exigiendo que asuman la supuesta responsabilidad que dicen ostentar. Nuestro objetivo es evidenciar los límites del sistema carcelario, fomentar la organización social frente a un orden social al que sirve y resulta funcional, y denunciar su absoluta falta de escrúpulos hacia las personas a las que engulle.

Desde Salhaketa Nafarroa queremos denunciar públicamente la situación grave e inaceptable que está viviendo una persona presa en la cárcel de Pamplona.

El pasado mes de enero fue intervenida quirúrgicamente para extirparle un bulto, y actualmente se encuentra a la espera de conocer si el tumor es benigno o no. No es la primera vez que sufre graves problemas de salud en prisión, ya que anteriormente ha atravesado dos procesos oncológicos durante su estancia en el centro penitenciario.

Al día siguiente de la operación recibió el alta hospitalaria. A su regreso a prisión, fue sometida a un registro corporal con desnudo integral. Esta práctica, de por sí desproporcionada y contraria a derechos fundamentales, resulta en este caso aún más grave e injustificable, ya que durante toda la hospitalización estuvo bajo custodia policial y regresó a prisión en una situación física especialmente vulnerable tras la intervención quirúrgica.

Dentro del centro penitenciario fue atendida por los servicios médicos, que establecieron pautas específicas para su recuperación posoperatoria: necesidad de asistencia durante al menos cinco días, no levantar peso, realizar curas diarias y utilizar la voz para evitar la atrofia de las cuerdas vocales. Sin embargo, inmediatamente después de la consulta médica fue trasladada a aislamiento, donde permanecerá al menos durante dos meses.

Esta medida resulta absolutamente inaceptable, especialmente cuando se aplica a personas en situación de extrema vulnerabilidad, como es el caso de pacientes recientemente operadas. Esta situación constituye un claro ejemplo de maltrato institucional y es incompatible tanto con los criterios mínimos de humanidad como con el derecho fundamental a la protección de la salud.

Desde Salhaketa Nafarroa consideramos que esta actuación evidencia cómo la lógica punitiva del sistema penitenciario se impone sistemáticamente sobre la salud, la dignidad y la integridad de las personas, convirtiendo a las distintas administraciones públicas en responsables de esta situación.

Por todo ello:

• Exigimos el levantamiento inmediato del régimen de aislamiento.
• Exigimos que se garantice la libertad de las personas con enfermedades graves, para que puedan
atravesar estos procesos con dignidad y en condiciones adecuadas.
• Exigimos que el derecho fundamental a la protección de la salud prevalezca sobre cualquier consideración punitiva.

Reiteramos la urgencia de abolir el aislamiento y recordamos que la privación de libertad no puede ser una excusa para vulnerar otros derechos fundamentales.