El próximo 20 y 21 de julio, en la sede de la ONU, en Ginebra, España presentará ante el Comité contra la Tortura su séptimo informe periódico sobre la implementación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país. Es por ello, que una red de entidades de la sociedad civil han remitido al Comité un documento, conocido como “Informe Sombra”, que recoge las principales vulneraciones que ha cometido el Estado, con relación a la no aplicación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las organizaciones esperan que el organismo tenga en cuenta las recomendaciones y preocupaciones que recopila este informe a la hora de someter a examen al país.

El documento, de más de 80 páginas, identifica vulneraciones en materia de migración, centros de privación de libertad, represión policial, memoria histórica, e investigación y documentación de la tortura. Todas, contrarias al mandato de la prohibición absoluta de la tortura que marca la Convención. Entre sus observaciones, en lo que refiere a las actuaciones policiales, las entidades denuncian el uso de material antidisturbios altamente lesivo y potencialmente letal, como son las pelotas de goma en manifestaciones y en frontera; las deficiencias en la identificación policial en sus actuaciones en el espacio público; la falta de transparencia respecto a los protocolos de actuación de cada cuerpo; o la carencia de un mecanismo de control independiente que investigue y fiscalice correctamente las denuncias de abuso, incluidas las relativas al racismo policial. En este sentido, en innumerables ocasiones, organismos internacionales y entidades sociales han denunciado la práctica de redadas por perfil étnico y racial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, algo que el Estado español ha ignorado.

Asimismo, las organizaciones exponen que España incumple los principios de la Convención al permitir las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, alegando que el Derecho Internacional no solo prohíbe las expulsiones colectivas y sumarias, sino también el traslado de una persona a una jurisdicción donde pueda correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. En este sentido, las entidades denuncian diversos casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades fronterizas, destacando los hechos ocurridos el pasado 24 de junio de 2022, en donde tras la actuación por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, se devolvieron de manera sumaria al menos 470 personas. Un año más tarde, se han documentado 77 desapariciones, 37 muertes e innumerables personas heridas tras el suceso.

El informe expone también que los juzgados de vigilancia, de instrucción y de inspección penitenciaria no están sirviendo para investigar y paralizar los casos de malos tratos y tortura que ocurren dentro de los centros penitenciarios. Entre muchas otras medidas, reclaman garantías para que la persona denunciante pueda acceder a una asistencia letrada desde el primer momento; el acceso a la grabación de las cámaras de video, a cuyo material es muy difícil de acceder, y el que además es borrado protocolariamente cada 30 días. Asimismo, de cara a garantizar un proceso justo, las entidades exigen que las personas privadas de libertad puedan contar con un parte de lesiones realizado por un profesional independiente, y no por parte del propio servicio médico del centro. En la actualidad, cuando una persona solicita una evaluación clínica independiente, esta puede demorar semanas, lo que implica que muchas de las lesiones denunciadas pueda haber ya desaparecido.