En Pamplona, a 16 de marzo de 2026.

Confirmamos el fallecimiento, hace poco más de una semana, de una persona de más de 80 años que permanecía presa en la cárcel de Pamplona tras ser trasladada al Hospital Universitario de Navarra.

Desde nuestra asociación, en primer lugar, quisiéramos trasladar nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a sus familiares y personas allegadas.

En segundo lugar, como ya dijimos en el anterior comunicado, denunciamos que una persona de tan avanzada edad continuara en prisión, ignorando las evidentes limitaciones y problemas de salud inherentes a su situación. Esta muerte es una consecuencia directa de su prisionización y vuelve a poner de manifiesto las graves contradicciones del sistema penitenciario, así como la falta de aplicación de medidas alternativas previstas en la legislación para personas mayores o con problemas de salud.

Asimismo, denunciamos la falta de transparencia institucional que rodea este tipo de situaciones. Resulta inaceptable que hechos tan graves como la muerte de una persona presa se conozcan de manera tardía e indirecta. Esta opacidad no es un hecho aislado ni fortuito, sino una condición esencial que permite y sostiene su funcionamiento. Esto plantea la necesidad de articular formas de organización que permitan monitorear lo que sucede intramuros y generar una fuerza de oposición anticarcelaria.

Por ello, cuando exigimos transparencia no nos referimos únicamente al cumplimiento de mínimos formales por parte de la administración penitenciaria. Exigir transparencia significa también reclamar el derecho de la sociedad a conocer y cuestionar lo que sucede dentro de las prisiones. Implica abrir un debate público sobre las condiciones de vida dentro de prisión y asumir colectivamente la responsabilidad política de lo que ocurre en ellas.

Desde la apertura de la macrocárcel de Pamplona ya han fallecido más de una decena de personas en su interior. Cada una de estas muertes interpela al conjunto de la sociedad y obliga a preguntarnos qué modelo penal y penitenciario estamos legitimando.

Desde Salhaketa Nafarroa hemos recibido información sobre el posible fallecimiento de una persona presa en el Centro Penitenciario de Pamplona. Según la información de la que disponemos hasta el momento, se trataría de una persona de más de 80 años que, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en prisión, fue reanimada y posteriormente trasladada al Hospital Universitario de Navarra, donde, presuntamente, habría fallecido.

A la espera de información oficial que permita esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, queremos manifestar nuestra rabia ante la enésima constatación del desdén institucional carcelario al depositar sobre nuestros hombros la responsabilidad de conocer y dar a conocer este tipo de sucesos graves. No es la primera vez que nos vemos obligadas a ejercer como canal de denuncia ante la ausencia, consciente, de cauces institucionales para informar sobre los fallecimientos que ocurren en su interior. Y esto no se trata de ningún tipo de perversión o anomalía, sino de algo que forma parte de la propia razón ontológica de la cárcel.

Bajo la lógica punitiva se prioriza un escenario en el que el fallecimiento es, como mínimo, una posibilidad real, frente a la opción de que una persona —sea de edad avanzada o no— cumpla medidas alternativas no privativas de libertad. Esto, se mire por donde se mire, constituye una forma velada de cadena perpetua: no podemos obviar que la cárcel deteriora gravemente la salud física y mental de las personas hasta límites que, en algunos casos, se hacen insoportables. Es decir, la cárcel mata de forma agónica, lenta y silenciosa.

Desde Salhaketa Nafarroa seguiremos presionando y poniendo en evidencia a las instituciones exigiendo que asuman la supuesta responsabilidad que dicen ostentar. Nuestro objetivo es evidenciar los límites del sistema carcelario, fomentar la organización social frente a un orden social al que sirve y resulta funcional, y denunciar su absoluta falta de escrúpulos hacia las personas a las que engulle.

Desde Salhaketa Nafarroa queremos denunciar públicamente la situación grave e inaceptable que está viviendo una persona presa en la cárcel de Pamplona.

El pasado mes de enero fue intervenida quirúrgicamente para extirparle un bulto, y actualmente se encuentra a la espera de conocer si el tumor es benigno o no. No es la primera vez que sufre graves problemas de salud en prisión, ya que anteriormente ha atravesado dos procesos oncológicos durante su estancia en el centro penitenciario.

Al día siguiente de la operación recibió el alta hospitalaria. A su regreso a prisión, fue sometida a un registro corporal con desnudo integral. Esta práctica, de por sí desproporcionada y contraria a derechos fundamentales, resulta en este caso aún más grave e injustificable, ya que durante toda la hospitalización estuvo bajo custodia policial y regresó a prisión en una situación física especialmente vulnerable tras la intervención quirúrgica.

Dentro del centro penitenciario fue atendida por los servicios médicos, que establecieron pautas específicas para su recuperación posoperatoria: necesidad de asistencia durante al menos cinco días, no levantar peso, realizar curas diarias y utilizar la voz para evitar la atrofia de las cuerdas vocales. Sin embargo, inmediatamente después de la consulta médica fue trasladada a aislamiento, donde permanecerá al menos durante dos meses.

Esta medida resulta absolutamente inaceptable, especialmente cuando se aplica a personas en situación de extrema vulnerabilidad, como es el caso de pacientes recientemente operadas. Esta situación constituye un claro ejemplo de maltrato institucional y es incompatible tanto con los criterios mínimos de humanidad como con el derecho fundamental a la protección de la salud.

Desde Salhaketa Nafarroa consideramos que esta actuación evidencia cómo la lógica punitiva del sistema penitenciario se impone sistemáticamente sobre la salud, la dignidad y la integridad de las personas, convirtiendo a las distintas administraciones públicas en responsables de esta situación.

Por todo ello:

• Exigimos el levantamiento inmediato del régimen de aislamiento.
• Exigimos que se garantice la libertad de las personas con enfermedades graves, para que puedan
atravesar estos procesos con dignidad y en condiciones adecuadas.
• Exigimos que el derecho fundamental a la protección de la salud prevalezca sobre cualquier consideración punitiva.

Reiteramos la urgencia de abolir el aislamiento y recordamos que la privación de libertad no puede ser una excusa para vulnerar otros derechos fundamentales.