El presente artículo tiene como objeto confrontar de forma rigurosa el publicado recientemente por El Mundo [1], en el que se vincula una supuesta política de Instituciones Penitenciarias para reducir la aplicación del primer grado, el régimen de aislamiento más severo para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, con el aumento de agresiones al personal de esta institución. El artículo se hace eco de una directriz realizada por la Secretaría General a las direcciones de las prisiones para reducir el número de personas privadas de libertad que se encuentran en alguna de las distintas situaciones de aislamiento penitenciario. Si de restringir al máximo el número de personas clasificadas en primer grado se tratase, es preciso señalar que la resolución administrativa definitiva corresponde a dicha Secretaría, es decir, que dicha instancia podría no estimar las clasificaciones de primer grado propuestas por las Juntas de Tratamiento si realmente considerase que el aislamiento extremo genera muchos más problemas de los que resuelve. Como mencionamos, el artículo publicado en El Mundo trata de vincular la supuesta reducción del aislamiento penitenciario con una serie de sucesos en los que trabajadores y trabajadoras de las prisiones han resultado agredidas. Sin embargo, esta relación no soporta el análisis exhaustivo de la realidad carcelaria, tal y como pretendemos demostrar.

El análisis de los datos disponibles sobre resoluciones de clasificación en primer grado (excluyendo los mantenimientos), desde 2009 hasta la fecha, con gobiernos de diferente signo político, muestran que el porcentaje de dichas resoluciones ha aumentado. Mientras que el porcentaje más bajo se produjo en el año 2011, cuando dichas resoluciones representaban un 1,2 %, el porcentaje más alto se produjo en el año 2023, en el que representaban un 2,1%. En los años de gobierno del último equipo de Instituciones Penitenciarias nombrado por el PP, los porcentajes de resoluciones de clasificación en primer grado oscilaron entre el 1,5 y el 1,9%; y, en los años que lleva el actual equipo, nombrado por el PSOE en coalición, dichos porcentajes oscilan entre el 1,4 y el 2,1 %. Por tanto, dado que porcentualmente ha aumentado el número de resoluciones de clasificación en primer grado, es obvio que no es cierta la “acusación” que lanzan determinados sindicatos a la actual administración penitenciaria de haber reducido la aplicación del aislamiento.

En cuanto al supuesto aumento de agresiones al funcionariado de prisiones por parte de personas presas, el análisis de las cifras de infracciones disciplinarias muy graves — entre las que se encontrarán, en su caso, dichas agresiones — de los últimos cinco años evidencia su descenso consecutivo en los años 2023 y 2024; durante los años 2020, 2021 y 2022, se mantuvieron cifras similares, pero en 2023 se redujeron en un 5,2% y en 2024 en torno a un 30%. Además, resulta conveniente discriminar qué se entiende por agresiones al funcionariado en el medio penitenciario.

El asesinato en marzo de la cocinera de Mas d’Enric (Tarragona), el violento ataque sufrido por una psicóloga el pasado mes de julio en Morón de la Frontera (Sevilla) o la agresión física, hace escasas semanas, a la funcionaria de Topas (Salamanca) no son representativas del grueso de las agresiones registradas: la inmensa mayoría de ellas se producen entre la propia población reclusa, normalmente por deudas asociadas a diferentes adicciones; cuando se trata de personal penitenciario (un porcentaje muy reducido del total), suelen consistir en agresiones verbales y, en caso de generar daños físicos, lo más habitual es que se produzcan en el ejercicio de una contención (lo que constituye un riesgo laboral), o bien, cuando el funcionario o funcionaria media en una pelea, de forma que la agresión no está dirigida al trabajador/a.

En definitiva, los datos disponibles no permiten afirmar ni que se haya producido una reducción significativa del aislamiento ni que hayan aumentado las agresiones. Asimismo, la relación que pretende establecerse entre la supuesta reducción del aislamiento y el también supuesto aumento de las agresiones constituye una correlación espuria, que establece una relación causal no probada entre dos variables al no considerar un tercer factor de gran relevancia para captar la complejidad del asunto, a saber, la deriva securitaria del tratamiento penitenciario. En lugar de proponer “soluciones” simples —si no directamente contraproducentes— a problemas complejos, debería intentar atajar el problema de raíz desde la perspectiva del respeto a los derechos de las personas privadas de libertad y el favorecimiento de su progresión hacia vidas en libertad.

Lejos de ser una posible solución a las problemáticas de la prisión, el aislamiento penitenciario constituye una práctica carcelaria que únicamente provoca problemas de salud física y mental a las personas que las sufren. Cuando se habla de aislamiento penitenciario, es necesario saber que este implica una reclusión social y física, con una reducida estimulación sensorial y ambiental (tanto cuantitativa como cualitativa). En esta situación, los estímulos disponibles y los contactos sociales ocasionales rara vez se eligen libremente, suelen ser monótonos y, a menudo, no son empáticos. Todo ello hace que sea psicológicamente muy difícil de aguantar, sobre todo en una sociedad como la actual, caracterizada por un exceso de estímulos. También conlleva la pérdida del control sobre todos los aspectos de la vida, con una pérdida absoluta de la autonomía personal, y el sometimiento a una vigilancia extrema. Los daños que provoca el aislamiento penitenciario han sido ampliamente estudiados y documentados científicamente. Estos van desde reacciones psicológicas, síntomas físicos, trastornos psiquiátricos, suicidios y autolesiones que pueden producirse cuando se experimenta esta medida, incluso por periodos cortos. Estar en aislamiento aumenta las situaciones de violencia en vez de reducirla y supone un factor que incrementa el riesgo de suicidio. Por todo ello Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) con respecto al estado español ha indicado que el período máximo de la sanción de aislamiento no dure más de 14 días. De la misma forma las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos prohíbe el aislamiento indefinido y el aislamiento prolongado (aquel que dura más de 15 días y que suponga 22 horas diarias sin contacto humano significativo).

De igual manera el Comité contra la tortura en sus recomendaciones a nuestro país ha dicho que una aplicación excesiva del régimen de aislamiento constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante, e incluso la tortura en algunos casos (art. 11) e insta a prohibir de forma absoluta el régimen de aislamiento que exceda 15 días. Además, el Estado parte debería asegurar que la reclusión en régimen de aislamiento solo sea utilizada como medida de último recurso, por el periodo más breve posible, bajo estrictas condiciones de supervisión y control judicial. También los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas indican que se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción. Ante situaciones críticas la administración penitenciaria usa también el aislamiento a través de la aplicación del art. 75, previo a la clasificación en primer grado, lo que no hace sino ocultar las causas y, en consecuencia, agrava la situación. A pesar de los programas pensados para tratar adicciones, psicosis y discapacidad intelectual, las personas aquejadas más gravemente por estas problemáticas no encuentran respuesta en el tratamiento penitenciario. Es más, al no conseguir cumplir los exigentes requisitos regimentales, habitualmente, acaban siendo expulsadas a entornos más hostiles, protagonizan alteraciones del orden por las que se les aplican múltiples sanciones y, con ello, son las principales candidatas al aislamiento. Si se obvia la dimensión comunitaria en los trastornos de personalidad, el personal penitenciario que custodia, acaba por sufrir las consecuencias de un abandono tratamental que, reducido a mera gestión de riesgos, no sirve para orientar ni para acompañar, y, en definitiva, solo clasifica y destina a los módulos más conflictivos y peligrosos a determinadas personas. Proteger a la población reclusa y, con ello, también a los trabajadores y trabajadoras del ámbito penitenciario, pasa por no esperar de los técnicos pronósticos imposibles, pero sí el diseño de itinerarios de inserción y perspectiva comunitaria, sepultada en la práctica por la prevención especial y la dimensión retributiva de la pena. Esa perspectiva comunitaria debería ser la exigencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, puesto que se trata de la única medida que contribuirá a reducir los riesgos evidentes que genera una institución como la prisión, un lugar cargado de violencia.

A 13 de octubre de 2025 Campaña por la abolición del aislamiento penitenciario.

Forman parte de la campaña: ALA (Asociación Libre de Abogacía), APDHA (Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía), ASDECOBA (Asociación de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires), ASDEPRES (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia), CDCT (Centros de Documentación contra la Tortura), Coordinación Baladre, Esculca (Observatorio para a defensa dos direitos e liberdades), IACTA (Coop. Jurídica), Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades), Salhaketa-Araba, Salhaketa-Nafarroa (Asociación anticarcelaria y antipunitivista, de apoyo a personas presas, expresas y sus familiares), SampAEN (Grupo Salud Mental en Prisiones de la Asociación Española de Neuropsiquiatría)

[1] (27/08/2025) https://www.elmundo.es/espana/2025/08/27/68af3e23fc6c8327138b45bf.html

A comienzos de 2025, diversos colectivos del Estado español nos encontramos en Iruña para debatir y construir juntas en torno a la cuestión punitivista. Fue el primer contacto físico de lo que hoy se conoce como la Red Antipunitivista, que nace con la intención de abrir espacios de diálogo y aprendizaje colectivos para trabajar —desde, por y para nosotras— en el desmontaje de la cultura del castigo.

Por razones políticas, sociales e ideológicas diversas, los debates antipunitivistas han ido traspasando los límites de los círculos activistas, colándose poco a poco en conversaciones cotidianas. El antipunitivismo y la lucha por la abolición de las prisiones lleva siendo una cuestión central de luchas cruciales antirracistas, anticoloniales y libertarias (pensemos en las luchas de la población afrodescendiente y chicana de Estados Unidos y Brasil, la de las poblaciones maorí y aborigen en Nueva Zelanda o Australia, la lucha de pueblos indígenas y mestizos en México, o la lucha libertaria y autonomista en Grecia, Italia y el Estado español por mencionar solo unos ejemplos).

Sin ser mainstream, hablar hoy de alternativas a la prisión, despolicialización o gestión comunitaria de los conflictos ya no suena raro ni marginal. Se ha vuelto, de hecho, una necesidad urgente ante la fascistización de nuestras sociedades y el recrudecimiento del complejo securitario (policial, represivo, punitivo-migratorio). Empezaban a circular textos, iniciativas, análisis y discusiones por distintos espacios, señal de una inquietud compartida: muchas queríamos abrir el melón (o mejor dicho compartir) del punitivismo. Pero las estrategias, por lo general, estaban dispersas.

Hoy, hablar de alternativas a la prisión, despolicialización o gestión comunitaria de los conflictos ya no suena raro ni marginal

En este contexto, durante 2024 SinPoli, un colectivo centrado en la investigación sobre despolicialización, comenzó a preguntarse quién más estaba trabajando, organizándose y lanzando propuestas en torno a esta cuestión. Tras un primer acercamiento a colectivos cercanos, se propuso una reunión informal, con la sencilla intención de encontrarse, reconocerse entre colectivos de nuevo cuño y otros con largo recorrido, como Salhaketa Nafarroa. De ahí nació el germen de este encuentro: un espacio donde confluyeron múltiples voces, trayectorias y prácticas.

En el mismo participaron colectivos enfocados en el abolicionismo carcelario, penal y de la cultura del castigo, la investigación militante, las luchas transfeministas, la mediación de conflictos y la autoformación (y todas las intersecciones entre esos lugares). En concreto estuvieron presentes,  Aukeraz (Iruña), Asamblea Popular de Carabanchel (Madrid), CAMPA (Zaragoza), Salhaketa Nafarroa y Salhaketa Araba, Txago (Donosti), Fábrica de lo social (Zaragoza), Sin Poli (Madrid-Euskadi-Santander), Traba (València) y Tapa (Madrid). Faltan colectivos y territorios, no es un espacio representativo ni aspiraba a serlo. Lo importante era iniciar un debate y empezar a construir algo común. No dudamos de que en las siguientes jornadas seremos muchas más. ​​Estas son algunas de las cosas que nos llevamos de aquel primer paso.

Diagnóstico Compartido 

Las razones que nos empujaron a organizar unas jornadas antipunitivistas son ampliamente compartidas. Sabemos que el estado, con su aparato policial y judicial, se ha convertido en el actor principal en la gestión de los conflictos sociales. Las consecuencias de esto son profundamente destructivas: la lógica del castigo, inherente a su estructura, impide cualquier abordaje real de las desigualdades estructurales que están en la base de buena parte de esos conflictos. A la vez, nos cuesta imaginar o poner en práctica otras formas de hacer.

La falta de herramientas (o la falta de conocimiento y socialización de las existentes), así como la carencia de referentes, nos lleva, muchas veces, a reproducir, incluso dentro de nuestros propios colectivos, dinámicas punitivas que refuerzan relaciones de poder y desresponsabilización. Aunque las identifiquemos e incluso podamos cuestionarlas, en la práctica cuesta no replicar estas lógicas.

Punitivismo / Antipunitivismo 

Uno de los ejes centrales de los debates giró, como era de esperar, en torno al propio concepto de punitivismo y su crítica. Hablamos de cómo nuestras sociedades han naturalizado el castigo como respuesta casi automática ante cualquier comportamiento que se salga de la norma. Esta construcción social punitiva es fruto de la cultura predominante: se reproduce y se perpetua en y a través de la familia, las escuelas, las relaciones personales y, sí, también los movimientos sociales. Castigo que, casi siempre, se traduce en control, represión y criminalización ejercidos por las instituciones del estado: la policía, los tribunales, las cárceles.

Esta naturalización viene acompañada de una aceptación acrítica del papel de la policía como agente de mediación y regulación de los conflictos sociales. Así, se consolida un proceso de despolitización colectiva, asumido tanto por la derecha como por buena parte de la izquierda, que se traduce en un consenso securitario, vigilante y policial. Un consenso que promete soluciones rápidas y eficaces a problemas profundamente complejos.

Se propone otra forma de hacer que pone en el centro los tiempos largos, los ritmos comunitarios, los procesos sostenibles

Pero el punitivismo va más allá de lo judicial o policial. Se filtra en lo social, lo educativo, lo comunitario. Se internaliza y produce subjetividades punitivas incluso entre quienes buscan transformar la realidad. En este escenario, el antipunitivismo no puede quedarse en una crítica puntual: es una apuesta política y vital de largo aliento, una herramienta de lucha contra el sistema de clases, patriarcal y colonial que atraviesa nuestros vínculos y nuestras vidas.

Durante las jornadas, los debates recogieron múltiples voces, lenguajes y experiencias —no exentas de tensiones y contradicciones—, pero también un sentir común: la necesidad de asumir la responsabilidad colectiva, de visibilizar las causas estructurales de los conflictos y de salir de las lógicas individualizantes basadas en la culpa y el castigo. Frente a una lógica punitiva que busca respuestas inmediatas, visibles y centralizadas, se propone otra forma de hacer que pone en el centro los tiempos largos, los ritmos comunitarios, los procesos sostenibles.

Cuando la comunidad se implica, los tiempos se dilatan: se rompe con la falsa promesa de eficacia inmediata, pero se gana en profundidad y en verdad

Como decía un colectivo participante, cuando la comunidad se implica, los tiempos se dilatan: se rompe con la falsa promesa de eficacia inmediata, pero se gana en profundidad y en verdad. La estrategia antipunitiva, entonces, se despliega en dos planos inseparables: por un lado, como confrontación directa con el aparato punitivo del Estado, y, por otro, como construcción cotidiana de herramientas para sostener procesos de acompañamiento, participación y reparación desde nuestras propias redes.

Estrategias antipunitivas 

Más que una lista de herramientas, lo que compartimos durante las jornadas fue una forma de mirar y de hacer. Una filosofía antipunitiva que combina, por un lado, el enfrentamiento directo con el Estado y, por otro, la construcción de otras lógicas, desde y en la comunidad.

Frente a la deriva punitiva, necesitamos estrategias que nos permitan hacernos cargo colectivamente de los conflictos, sin delegar su resolución en las instituciones de orden y represivas. Pero, para que estas estrategias sean posibles, es indispensable partir de una mirada estructural: los conflictos no surgen en el vacío, sino atravesados por desigualdades materiales, racismo, género, clase, capacitismo, colonialidad y, por tanto, nuestras respuestas también deben apuntar a esas estructuras, sin perder de vista lo cotidiano.

Ahora bien, ninguna estrategia funciona si no existen previamente redes comunitarias fuertes, con recursos, legitimidad y confianza. Es en esas redes donde se pueden activar procesos de acompañamiento y de responsabilización. Estos procesos, por definición, no son lineales ni estandarizables: dependen de la disposición de las personas implicadas, de las herramientas disponibles, de los contextos.

A lo largo de los dos días hablamos de mediación, de participación real de todas las partes, de generación de presión social, de protección a quienes han sido afectadas, de priorizar sus necesidades —que no siempre son sus deseos—. Son claves a tener en cuenta, sabiendo que no garantizan una resolución definitiva. Pero quizás la pregunta no sea tanto cómo se “resuelve” un conflicto, sino qué entendemos por “éxito” en un proceso antipunitivo.

Futuros

Con todo esto en mente, estas jornadas han querido ser un primer paso en la construcción de una red colectiva que permita imaginar y sostener horizontes antipunitivistas. Los debates sirvieron para acordar un marco común, compartir trayectorias, miradas y contextos, y empezar a construir complicidades entre personas de distintos territorios.

Pero esto no ha hecho más que empezar. De cara al futuro, muchas expresamos la necesidad de aterrizar en debates más concretos sobre las prácticas antipunitivas, así como la urgencia de ampliar esta reflexión colectiva, haciéndola más diversa y más transversal. Con ese horizonte, ya estamos trabajando para que en 2026 puedan celebrarse las segundas jornadas de la red antipunitivista.

Este año, durante los Sanfermines, hemos vuelto a ver cómo la fiesta que paraliza Iruñea y llena titulares se convierte también en un escaparate de exclusión y racismo. Lo que se vende como “orden” y “seguridad” se traduce, en la práctica, en criminalización sistemática y hostigamiento policial hacia personas migradas y racializadas, especialmente a quienes se dedican a la venta ambulante. Los balances oficiales que se hacen, siempre son en positivo y siempre omiten del relato lo que la fiesta oculta: explotación laboral, especulación inmobiliaria, militarización del espacio público y un largo etcétera de múltiples violencias que se siguen dando sin que pase nada. Se omite también del relato oficial cómo esta fiesta expulsa del espacio público a quienes no ostentan el privilegio de poder participar en ella porque han sido relegados a los márgenes, para ellas sobrevivir durante estos días de fiesta se hace aún más complicado.

Constatamos como la presión policial durante estas fiestas va aumentando cada año, formando ya parte del paisaje de Sanfermines las múltiples formas de violencia y racismo: controles de identidad racistas constantes y visibles cada día, persecuciones selectivas, detenciones arbitrarias, uso de violencia y un clima de vigilancia que no hace la ciudad más segura, sino más inhabitable para determinados sectores de la población. Durante estos días, la ciudad se convierte en aquello que se lleva ensayando el resto del año, en un verdadero “estado policial”. No nos referimos únicamente a la presencia (visible e invisible) de agentes de policía, sino a todo un modelo de gobernanza, que responde a los problemas sociales mediante control, vigilancia y represión. Este año la lógica se ha llegado a manifestar incluso con la militarización de cada avenida o calle que conducen al centro de la ciudad, y con ella al de la fiesta, pudiendo observar controles policiales de acceso en la avenida zaragoza a la altura de la plaza de los fueros, en la avenida Gipuzkoa, el labrit o la avenida baja Navarra.

 Esto resulta especialmente peligroso porque afianza ideas clave que destruyen la supuesta convivencia e “interculturalidad” por la que se pretende trabajar. Así, en lugar de abordar causas estructurales, se opta por vigilar y castigar a quienes se ven empujados a los márgenes. Así también se afianza en el imaginario colectivo a las personas racializadas como “amenaza” y frente a ello, se legitima la necesidad de blindar la protección y seguridad de la parte privilegiada. En este sentido el estado policial se erige para garantizar el orden de un sistema capitalista, patriarcal y colonial que necesita diferenciar entre “ciudadanxs plenos” y “cuerpos controlables”.

En este contexto, cada año se perpetúa un discurso criminalizador que asocia la venta ambulante con “mafia” o “ilegalidad”. Hemos pasado del discurso explícito: como hizo en 2017 Ayuntamiento de Pamplona al aprobar una declaración sobre la adopción de medidas contra el comercio ilegal en Sanfermines; a la omisión cómplice de los últimos años, con un consistorio que ni siquiera menciona el tema, pero sigue enviando a sus agentes, en operaciones coordinadas con Policía Foral, a controlar, requisar mercancía e incluso a agredir, como vimos el pasado 9 de julio, cuando un agente roció con gas a un compañero mantero causándole lesiones, mientras amenazaba con multar a quienes se paraban para interesarse por lo que estaba pasando.

Queremos recordar que no puede haber seguridad ni convivencia sin garantía de derechos. Solo garantizando derechos para todas las personas, sin importar su origen, clase o situación administrativa, podremos paliar los efectos de un sistema capitalista que se construye sobre privilegios.

Por eso queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con cada una de las personas que ejercen el libre derecho a moverse y a desarrollar su proyecto de vida a pesar de estar atravesadas por las diversas expresiones del Racismo Institucional, ley de extranjería y múltiples discriminaciones directas e indirectas que les impiden o dificultan acceder a un sistema que les

considera mano de obra desregularizada y vulnerable y que les reprime y acosa con dureza, especialmente cuando se organizan para exigir sus derechos.

Es urgente tejer redes, reforzar alianzas y construir espacios seguros para seguir organizándonos y luchando contra este sistema colonial, capitalista, racista y patriarcal.